Por: Lcdo. Enrique Almeida
Flexible, favorable y fácil son las palabras que describen el proceso de reorganización mediante quiebras bajo el “Small Business Reorganization Act” de 2019, una legislación que fue aprobada recientemente por el Congreso Federal y que entró en vigor en febrero de 2020 para todos los estados de la nación americana y también para Puerto Rico.
Bajo esta ley, las corporaciones y pequeños negocios (incluyendo a los individuos), cuya deuda no exceda de $7.5 millones tendrán la oportunidad real de reorganizarse económicamente y de acabar con la deuda que no pueden pagar para poder continuar operando sin problemas. En esencia, esta legislación añade un nuevo subcapítulo al Capítulo 11 del Código de Quiebras (Sub-Capítulo V), asegurando la habilidad de los pequeños negocios para rehabilitarse financieramente al suavizarse varios de los requisitos.
Debido a la flexibilización de los requisitos en la ley, se estima que el proceso de reorganización establecido ayudará a los pequeños negocios y empresas a salir de la quiebra en un periodo de tiempo más corto que el estatuto actual. El “Small Business Reorganization Act” ofrece a los pequeños negocios que radiquen quiebra bajo el Capítulo 11 la facultad de reducir sus deudas y obligaciones, rechazar contratos o arrendamientos con los que no puedan cumplir, renegociar deuda existente y vender activos, de ser necesario.
Dentro de los cambios que trae el “Small Business Reorganization Act” para lograr una reorganización financiera del negocio está la designación de un síndico para garantizar que el proceso se mantenga encaminado y el derecho exclusivo del deudor a presentar el plan de reorganización, el cual tendrá que radicarse dentro del término de 90 días de comenzado el proceso. Otro de los cambios significativos que hace el procedimiento más sencillo para las corporaciones y pequeños negocios es que no se requerirá un comité de acreedores; tampoco tendrá que presentarse una declaración de divulgación (“disclosure statement”) por parte del deudor.
Por otro lado, los estándares para la confirmación del plan de reorganización son más flexibles bajo la nueva ley. El pequeño negocio que radique quiebra bajo este sub-capítulo podrá confirmar un plan de reorganización sin que sus acreedores tengan que aceptar el mismo, siempre y cuando el plan sea justo y equitativo. Además, la nueva ley elimina el requisito o regla de impedir al deudor retener propiedades sin pagar por su valor. La eliminación de este requisito es importante, porque al presente esta regla, conocida como “Absolute Priority Rule”, impide a muchos negocios y corporaciones retener activos luego de la reorganización, lo cual tiene un efecto de que dicha reorganización no se logre en muchos de los casos. En fin, los pequeños negocios y corporaciones en Puerto Rico que están sufriendo por el deterioro en la situación económica, por el cierre ocasionado por la Pandemia, o que tengan algún problema de deuda en particular, ya sea hipotecaria, comercial o contributiva, contarán con una nueva alternativa flexible de reorganización financiera, bajo una nueva legislación federal. Como siempre, es necesario asesorarse adecuada y oportunamente antes de hacer uso de las alternativas existentes.
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* El licenciado Enrique Almeida es un abogado que se dedica a asistir a personas, negocios y corporaciones a obtener reorganización financiera a través de su firma Almeida & Dávila, PSC. Este artículo no constituye una opinión legal. Para asesoría comuníquese al (787) 722-2500 o visite www.almeidadavila.com. Facebook/IG: almeidadavilapr.
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